Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos.

Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento.

Se solicita audiencia para exponer un caso relevante en materia de certeza regulatoria y coordinación interinstitucional, relativo a un proyecto de Subdivisión de Predios Rústicos SPR en la comuna de Santo Domingo Región de Valparaíso, que se encuentra paralizado hace más de cinco años.<br /> <br /> El proyecto, de aproximadamente 1.130 hectáreas, fue validado técnicamente por la Dirección Nacional del SAG en 2021, mediante resolución que acogió el recurso jerárquico del titular y ordenó su certificación, la cual se materializó ese mismo año. Sin embargo, en reingresos posteriores 20242026, la oficina local del SAG ha reiterado observaciones ya resueltas, reabriendo materias previamente zanjadas e impidiendo su avance.<br /> <br /> El principal obstáculo actual dice relación con la determinación de la superficie del predio, generando una discrepancia entre el SAG y el Conservador de Bienes Raíces CBR de San Antonio. Mientras el SAG cuestiona antecedentes históricos, la inscripción vigente, junto con planos actualizados, anotaciones marginales y registros del SII, respaldan consistentemente la superficie real.<br /> <br /> Esta situación evidencia un problema de coordinación el SAG estaría excediendo su ámbito técnico al interpretar títulos de dominio, mientras que existe el riesgo de que el CBR rechace la inscripción del plano por eventuales inconsistencias. En consecuencia, el proyecto permanece bloqueado pese a cumplir con el DL 3.516 y contar con validación técnica previa.<br /> <br /> El objetivo de la reunión es abordar este caso específico y promover una coordinación efectiva entre SAG y CBR, así como revisar criterios de aplicación normativa que hoy afectan la certeza jurídica y la materialización de inversiones, incluyendo capital extranjero en el sector agrícola chileno.